En el actual escenario de críticas y señalamientos sobre la política migratoria dominicana, es necesario observar con objetividad el papel que desempeña la Dirección General de Migración (DGM). Su labor va más allá de los operativos visibles: se trata de un esfuerzo complejo por defender la soberanía nacional, garantizar la seguridad del Estado y ordenar el flujo migratorio conforme a la ley. Este enfoque no excluye la necesidad de investigar cualquier denuncia de abuso, pero sí demanda un reconocimiento de los avances institucionales y del contexto geopolítico regional.
Durante
el acto de recibimiento de 400 nuevos aspirantes a agentes migratorios, efectuado
este miércoles, el director de la DGM, vicealmirante Rafael Luis Lee Ballester,
ARD., destacó la importancia de una actuación basada en la legalidad, la
cortesía y la humildad. Exhortó a los nuevos agentes a rechazar cualquier
tentación de actuar indebidamente y a ejercer su labor con integridad,
honestidad, disciplina y respeto a la dignidad humana. En sus palabras dijo
claramente: “Rechacen cualquier tentación para hacer lo indebido. Nunca se
presten a ponerle la mano a lo ajeno, ni cometan actos que afecten la moral o
el honor de la institución”.
Esta orientación ética no se trata de una declaración aislada. Forma
parte del proceso de profesionalización que ha experimentado la DGM en tiempos
recientes y además, se corresponde con lo anunciado por el presidente de la
República Luis Abinader, quien pretende la formación de unos 750 agentes como
parte de las 15 medidas de controles migratorios, mediante una capacitación especializada
en derechos humanos, manejo de crisis, estudio del idioma creole y protocolos para
hacer efectivas las interdicciones y los debidos procesos de deportación.
Esta transformación, responde
a la necesidad de consolidar un cuerpo migratorio eficiente, respetuoso de la
ley y sensible a la realidad social de las personas, sin perder de vista su
misión de control y orden.
La República Dominicana comparte una frontera extensa y vulnerable con
Haití, un país que atraviesa una crisis estructural profunda. En ese contexto,
reforzar los controles migratorios no es un acto de xenofobia, sino una
obligación constitucional. La Constitución dominicana y la Ley de Migración, establece
claramente, que la soberanía nacional es inviolable, y con ello el derecho
exclusivo del Estado a regular el ingreso, permanencia y salida de personas en
su territorio.
Los flujos migratorios irregulares impactan directamente en el mercado
laboral, los servicios públicos como el sanitario y el educativo, también la
seguridad nacional. Más preocupante aún es que, en algunos casos, estas rutas
han sido utilizadas por redes del crimen organizado. Ignorar esta situación
sería irresponsable. Por eso, el fortalecimiento institucional de la DGM debe
entenderse como una respuesta necesaria y legítima, no como un acto de
represión indiscriminada.
Las denuncias sobre actuaciones indebidas de algunos agentes deben
investigarse con rigor y sin encubrimientos. Sin embargo, generalizar
comportamientos individuales para desacreditar toda la institución es injusto y
peligroso. La DGM no es un ente de persecución, sino un organismo del Estado
dominicano que debe operar bajo normas nacionales e internacionales, con
control ciudadano y compromiso ético.
El Estado dominicano ha demostrado históricamente solidaridad con el
pueblo haitiano. Miles de ciudadanos han encontrado aquí oportunidades de
empleo y condiciones de vida más estables, incluyendo a una buena parte de la
población extranjera venezolana, cubana y española, entre otras. Pero la
solidaridad no puede traducirse en permisividad ni en renuncia al control
fronterizo, una política migratoria sería más bien, debe ser ordenada,
documentada y legal, en beneficio tanto del país receptor como de los propios
migrantes.
El gobierno ha apostado por reforzar la frontera, generar empleos
locales y establecer protocolos migratorios más estrictos. Esta estrategia,
lejos de buscar confrontación, pretende construir una migración sostenible,
donde se equilibren la compasión y el respeto por los derechos con la firmeza
del Estado de Derecho. No es viable permitir que cientos de miles vivan al
margen de todo registro, sin protección legal ni supervisión institucional.
No se puede construir una narrativa justa desde los extremos. Exigir
justicia frente a los abusos es tan necesario como defender el derecho de un
país a proteger su soberanía. El verdadero reto es encontrar ese punto medio
entre humanidad y legalidad, entre derechos y deberes, entre apertura y
control. Solo así se podrá alcanzar una convivencia respetuosa y ordenada.
La Dirección General de Migración no es perfecta, pero tampoco puede ser
reducida a los errores de unos pocos. Su transformación en un órgano más
transparente, capacitado y humano debe continuar siendo el norte. Porque la
verdadera justicia migratoria no se construye con discursos de odio ni con
permisividad caótica, sino con instituciones fuertes, éticas y comprometidas
con el bienestar de todos.