Analizar las complejidades de la Unión Europea desde
su misma creación en el año 1993, como instrumento de integración política para
la creación de un espacio común de libertad, justicia y seguridad, es
fascinante por el solo hecho de tratarse de un sistema único en el mundo, de
relaciones de gobernanza entre 28 países de relativa proximidad geográfica,
diferencias culturales y hasta de idiomas.
Esta condición sin precedentes, le ha hecho
merecedora en el año 2012 del Premio Nobel de la Paz y a sus naciones, como
fieles representaciones de la democracia y la defensa de los Derechos Humanos
en Europa, tras una carrera “paso a paso” de transformaciones progresivas y
acoplamientos que fortalecen su compromiso basado en el principio de la “confianza
mutua” y ahora más recientemente con el modelo de “cooperación reforzada” como
reflejo de la capacidad, para trabajar frente a amenazas comunes y el objetivo
inicial de garantizar la cooperación y la paz, independientemente del ritmo y
prioridades nacionales de cada país.
Se conoce que en la evolución de este mercado común
de bienes y servicios, el complejo sistema jurídico y político de la que forman
parte sus diferentes instituciones (Parlamento Europeo, Consejo Europeo,
Consejo de la Unión, Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de
Cuentas y el Banco Europeo) si bien no escapa de ciertos vicios burocráticos y
enredados procedimientos para la toma de decisiones en el corto plazo, a esta
“maraña” gubernamental no le faltan las estructuras parlamentarias de lugar, ni
los mecanismos de revisión y control que puedan contrarrestar cualquier intento
de corrupción o estancamiento de acciones.
Llama la atención y es aplaudida por parte de la
autora de este ensayo, que la Unión Europea específicamente en materia de
seguridad, defienda y trabaje en base a un principio de disponibilidad de
información que hoy en día optimiza la operatividad policíaca y de inteligencia,
de una manera coordinada. También que exista un Mecanismo de Gestión de Crisis
y otros de Cooperación para la Protección Civil dependiente de la Comisión
Europea, creados con el fin de mejorar la coordinación de intervención de ayuda
y obligaciones también “informativas” en situaciones de desastres y
emergencias.
En este contexto, hoy en día los países de la UE se
encuentran frente a un reto específico no menos complicado, que es el de educar
y sensibilizar a sus ciudadanos sobre el funcionamiento de sistemas de
protección y atención civil como la línea telefónica EMERGENCIAS 112, así como
muchas otras iniciativas de alertas tempranas, prevención y rehabilitación
post-crisis que se pretenden con uso de las tecnologías y las comunicaciones.
En la República Dominicana, un país que nada tiene
que ver con la Unión Europea salvo por sus relaciones económicas y antecedentes
históricos o migratorios con algunos de sus países, si pudiera tener en común
amenazas a la seguridad ciudadana frente a emergencias. Además, en su realidad
socioeconómica y características geográficas de vulnerabilidad muy peculiares (sismos, huracanes, inundaciones,
deslaves) este país pudiera considerar para su desarrollo, la gestión de
políticas públicas del modelo europeo.
Una interrogante muy particular de la autora en este
sentido, es que así como existe una sinergia y visión compartida entre 28 países
que trabajan para un bien común más allá
de sus diferencias culturales y complejas dinámicas de sistemas, entonces ¿por
qué no pensar que 32 provincias más un Distrito en la República Dominicana, un
país comparativamente pequeñísimo, pudieran fortalecer sus autonomías
regionales aprovechando el marco legal que ofrece la LEY 147-02 la cual establece
claramente la necesidad de trabajar en la gestión de riesgos en el antes,
durante y después de un desastre y/o emergencia a través del Sistema Nacional
para la Prevención, Mitigación y Respuesta de Desastres desde cada gobierno
local?
De acuerdo a su ubicación en la Región Caribe, no
está República Dominicana hermanada en fronteras con otras naciones como la UE
más que con Haití; no obstante, existen países vecinos y un sinnúmero de
relaciones políticas-económicas con otros países en el mundo con los cuales
pudiera compartirse estrategias de común acuerdo. Dicen los expertos en gestión
de riesgos, que donde los países son muy
pobres, en condiciones normales tomarían para recuperarse después de un
desastre como los huracanes de 10 a 15 años, por lo que valdría la pena
revisar, qué se puede tomar de la UE para fortalecer las Políticas y el Sistema
de Información de Gestión de Riesgo dominicano ó cuáles aspectos hay en común
por ejemplo, con respeto al sistema telefónico de atención de emergencias que
en el país se intentó bajo el número 911 (año 2005) de acuerdo a uno de los
componentes del Plan Nacional de Seguridad Democrática en el gobierno pasado.
En los siguientes párrafos la autora hará un
análisis comparativo así como el estado de acción de varias iniciativas en
curso tanto en la UE como en el país, que necesitan no sólo de las tecnologías
de las informaciones y las comunicaciones en el marco de un fortalecido sistema
político, sino también de una importante colaboración ciudadana, y es en este
último aspecto, donde se adelanta existe uno de los más grandes retos que se
presentan a países tanto desarrollados como en vías de desarrollo: LA EDUCACIÓN
y la necesidad de una CULTURA PREVENTIVA frente a EMERGENCIAS y DESASTRES en la
ciudadanía.
Por último el ensayo finaliza con algunas críticas
constructivas sobre ambas realidades (europeas y dominicana) con respecto al
manejo de la protección civil, así como algunas sugerencias y recomendaciones
sobre el reforzamiento de las campañas educativas y manejo mediático de la
gestión política en beneficio de la conciencia cívica.
ANÁLISIS COMPARATIVO MODELO UNIÓN EUROPEA – REPÚBLICA DOMINICANA EN
GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
No
hay dudas de que la Unión Europea (UE) en su conjunto (la Comisión y los
Estados miembros) actualmente es uno de los principales contribuyentes de ayuda
humanitaria del mundo. Su brazo ejecutor, lo representa el Servicio de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) creado en 1992, cuyo mandato consiste
en “prestar ayuda y auxilio (en forma de bienes o servicios) a las víctimas de
conflictos y de desastres naturales o de origen humano que tengan lugar fuera
de la UE”. (1)
La
experiencia más cercana a la realidad dominicana sobre la recepción de esa cooperación
por parte de la Unión Europea, se tuvo en el año 2010 cuando ocurrió el
terremoto en Puerto Príncipe Haití, a sólo 4 horas de distancia del país. Esta
asistencia inmediata, de acuerdo a lo estipulado en sus marcos legislativos, estuvo
abanderada de los principios de respeto del derecho internacional, de no
discriminación, imparcialidad y neutralidad.
Tal
y como está establecido, participan de estas operaciones ONG´s, agencias
humanitarias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de
modo complementario, coordinado. Por otra parte, en virtud del Tratado de
Lisboa que crea un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (artículo 214
del Tratado de Funcionamiento de la UE) jóvenes europeos interesados en participar
en acciones humanitarias que quieran colaborar en estas operaciones, pueden
hacerlo, y por deducción, posiblemente muchos de ellos, estuvieron en
territorio haitiano en la ya mencionada tragedia por la magnitud de las
consecuencias del sismo.
Como país, si se llegara a presentar un desastre como éste, el
acceso a este tipo de colaboración humanitaria resultaría idóneo. Sin embargo, la
autora entiende que se necesitan instituciones estatales y políticas públicas en
República Dominicana más eficientes y con actores (tomadores de decisiones) realmente
comprometidos con el proyecto “PAÍS”, para el mejor aprovechamiento de estos
recursos y de las coordinaciones interinstitucionales de lugar.
En este sentido, vale la pena destacar que en la
presentación de la Ley 1-12 sustantiva de la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030 para la República Dominicana, se subraya que “la improvisación y la falta
de coordinación” en el accionar estatal deben ser cosa del pasado y se admite
la necesidad de “fortalecer la gestión de riesgos para dar sostenibilidad al
desarrollo futuro”. En este documento, también se reconocen falencias en cuanto
a la calidad de la acción estatal manifestadas en deficientes servicios
públicos que deberían garantizar los derechos constitucionales de la población
(salud, educación, justicia, seguridad ciudadana, entre otros) así como
patrones que entorpecen el desarrollo nacional tales como corrupción,
clientelismo y patrimonialismo. (2)
Esta
visión país lleva a considerar también, el informe “Análisis de riesgos de desastres y
vulnerabilidades en la República
Dominicana”, un documento de contribución al Sistema Nacional de
Prevención, Mitigación y Respuesta a Desastres por cierto presentado por el
Programa de Preparación ante los Desastres de la Comisión Europea (DIPECHO) en
el Caribe (2009), y llama la atención que la información disponible sobre las
causas, variables y consecuencias del riesgo en la República Dominicana, resulta
escasa y desactualizada, muy especialmente en lo concerniente a registros y
datos estadísticos, “se evidencian vacíos y debilidades de los sistemas de
información públicos existentes en materia de recolección, registro y
procesamiento de estadísticas”.
El informe señala que durante décadas,
la actuación del estado dominicano frente a los desastres como se menciona en
párrafos anteriores, estuvo marcada por una orientación básicamente “reactiva”
y la ausencia de un “adecuado marco normativo e institucional”. (3) Se reseña
que entre 1970 y 1980, República Dominicana sufrió más de 400 eventos
originados por una gran variedad de causas y con diversos niveles de afectación
lo que llevó a que en el año 2001, mediante Decreto Presidencial No. 360 se
creara el Centro de Operaciones de
Emergencia, a fin de ejercer un mayor control de la información durante un
estado de amenaza o desastre, para garantizar una respuesta más coherente y
coordinada de las operaciones de respuesta y rehabilitación.
Además, bajo los preceptos de la
Constitución de República Dominicana modificada en el año 2002 y dentro de los
lineamientos internacionales de la “Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres” de las Naciones Unidas, se estableció un nuevo marco legal para
la gestión de riesgos: Ley No. 147-02 de
Gestión de Riesgos y su Reglamento.
Sin embargo, aún y cuando esta norma
establece los instrumentos de la política nacional de gestión de riesgos: 1) El Sistema Nacional de Prevención,
Mitigación y Respuesta ante desastres; 2) El Plan Nacional de Gestión de
Riesgos; 3) El Plan Nacional de Emergencia; 4) El Sistema Integrado Nacional de
Información; y 5) El Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante
desastres; a la fecha, no se ha constituido el “Sistema Integrado de
Información Nacional”. La carencia de
vínculos entre la planificación del desarrollo, el uso del territorio, las
escasas inversiones y la ausencia de una gestión anticipada del riesgo,
conforman un panorama poco halagador que refuerza el círculo vicioso de los
desastres.
En las últimas décadas de hecho, la
vulnerabilidad a los impactos de las amenazas naturales ha aumentado en la
República Dominicana como consecuencia de una expansión urbana rápida y
desordenada. En muchos casos no se han tomado en cuenta las medidas preventivas
adecuadas en el diseño de la infraestructura y en el desarrollo de la
producción de bienes y servicios, su ubicación, control de la calidad de la
construcción o su mantenimiento. Debido a la falta de conocimientos sobre el
riesgo, se sigue invirtiendo en áreas peligrosas y sin aplicar las prácticas
adecuadas de prevención y mitigación.
Las condiciones socioeconómicas de la
población, la dinámica ambiental que caracteriza las comunidades y sus factores
culturales e históricos, determinan ciertos niveles de exposición diferenciada
a las amenazas naturales y socio naturales.
El flujo de información se evidencia
ineficiente y existe un limitado trabajo conjunto entre los sistemas nacionales
y el resto de actores vinculados a la gestión del riesgo que permita saber y
conocer quiénes trabajan en qué temas, coordinar esfuerzos y trasladar los
resultados de éstos a un plano más local y comunitario transformando la
información en conocimiento. Por tanto, los expertos sugieren apoyar
iniciativas transnacionales entre las Repúblicas Dominicana y Haití, al ser
comunes entre ellas gran parte de las amenazas, priorizar zonas de frontera,
promover metodologías de manejo transfronterizo de los riesgos, y estimular
acciones de educación y sensibilización pública.
Con lo anteriormente expuesto, la comparación de esta
realidad con la de los países europeos en cuanto al desarrollo de la gerencia
pública frente a emergencias y desastres es abismal. A simple vista, existen
deficiencias de registros, estadísticas, inventarios de recursos, proyectos de
desarrollo incompletos, y peor aún, existe la amenaza latente de los constantes
cambios de los representantes gubernamentales, lo que pone en peligro la continuidad
de los trabajos. A diferencia de la Unión Europea, la responsabilidad en la
planificación estratégica deja mucho que desear, por las debilidades en los
controles necesarios para cumplir con los objetivos de las iniciativas.
En República Dominicana, la Comisión Nacional de Emergencias
es presidida por la dirección ejecutiva de la Defensa Civil y el Centro de
Operaciones de Emergencias, órgano que coordina las acciones de respuestas en
emergencias. A nivel provincial, existen representantes de la Defensa Civil,
Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos (cuerpo técnico PMR) y atienden emergencias de
acuerdo a su naturaleza. La manera de comunicarse y levantar reportes de daños
por parte de estos agentes, se limita a la comunicación radial o telefónica, y
la toma de estadísticas llega a realizarse “a mano” con modestas tecnologías
informáticas. Las decisiones sobre los mecanismos de intervención, se van
realizando “sobre la marcha” y previo consejo de consulta con las instituciones
del estado que se activan cuando hay un estado de excepción como lo representan
“las emergencias”. (4)
En tanto que en Europa, para garantizar unidad y congruencia
de acción, existe desde el año 2007 por decisión del Consejo Europeo un
Mecanismo de Cooperación para la Protección Civil y que viene a mejorar la intervención
de ayuda, delimita las obligaciones institucionales en cada país de la Unión
Europea e instituye el Centro de Control e Información (CCI). (Nótese que en RD
ni siquiera se ha creado el Sistema Nacional de Información establecido en Ley
147-02) Este Centro, a su vez, lleva las datas
relativas a inventarios de equipos y medios de transporte, programas de
formación, mantiene un sistema común de comunicaciones e información (CECIS) y
sirve en la elaboración de sistemas de detección y alerta rápida.
Cuando ocurre una emergencia por ejemplo, la Comisión
Europea se encarga de la planificación estratégica en cuanto a las operaciones,
levantamiento de informes sobre los recursos a utilizar y establece sus
controles de supervisión. Toma las datas del CCI para conocer de las
capacidades nacionales de la Defensa Civil de un país “X” y de sus medios
militares, de ésta forma es posible una visión estratégica global de los
recursos disponibles para abordar una catástrofe.
El órgano operativo de este mecanismo (CCI) tiene sede en
Bruselas y funciona las 24 horas del día. Hace el contacto local en la Unión
Europea para que la responsabilidad en la recepción o el despacho de ayuda, sea
formalizada con el país que la solicita y se le apoye con imágenes satelitales
y cualquier otra información actualizada que el caso requiera. (5)
Ahora bien, cuando se trata de coordinar ayuda a terceros
(tal y como la autora presume ocurrió con Haití en el terremoto 2010) la
presidencia del Consejo de Europa coordina las estrategias y políticas de
intervención, mientras que la Comisión Europea coordina las operaciones en los
países afectados y establece los contactos nacionales incluyendo a las agencias
de la ONU establecidas en el país víctima del desastre. Sobre los fondos de
ayuda, existe una partida anual para estos fines, de la que participan 30
países.
A
diferencia de la UE, en República Dominicana no hay previsiones presupuestarias
para financiar la reducción del riesgo o responder a emergencias, situación que
evidencia una baja capacidad de los sectores involucrados, de apoyar las
actividades que implementa la Defensa Civil y el COE para atender el tema. Se
evidencia por tanto, según el ya citado “Análisis
de riesgos de desastres y vulnerabilidades en la República Dominicana” (2009-DIPECHO Caribe) un “bajo nivel de
resiliencia económica ante los desastres”.
En
revisión bibliográfica, se encontró que desde el año 2001 el Mecanismo de
Cooperación para la Protección Civil de la UE ha participado unas 150 veces
para dispensar ayuda humanitaria. Fue solicitada asistencia
por ejemplo en: el tsunami en Asia del Sur (2004/2005), los huracanes Katrina y
Rita en los EE.UU. (2005), los terremotos en China (2008), Haití (2010), Japón
(2011), las inundaciones en los Balcanes (2010), los incendios forestales en
Grecia (2007, 2012), los disturbios civiles en Libia (2011), y la explosión en
una base naval en Chipre (2011).
Como se aprecia, existe una cultura de gestión de los
desastres como claro ejemplo del valor añadido de la acción a nivel de la
comunidad europea, donde la responsabilidad nacional para tratar directamente
con los desastres sigue siendo indiscutible, pero es facilitado y ayudado por
la suma total de los recursos compartidos.
Hoy en día existe un sinnúmero de proyectos en la UE
presentados por diferentes países, para integrar las comunicaciones en el
mejoramiento de la gestión de riesgos ambientales y la seguridad ciudadana, por
solo citar algunos ejemplos se tiene: EUROPCOM (Emergency Ultra Radio de Banda
Ancha para posicionamiento y comunicaciones); ICIS (Sistema de Información en
colaboración interactiva); MARIUS (Mobile Autónoma Sistema de Información
Reactiva para Situaciones de Emergencias) NARTUS (Plataforma Europea para la
Comunicación de Seguridad Pública para el futuro) y OASIS (Sistema Avanzado de
Desastres y gestión de emergencias) (6)
En España, específicamente a partir de la
experiencia del servicio telefónico de emergencias 112, ha surgido el proyecto
europeo Alert4All, que se presentaría el próximo verano en Munich Alemania y tiene
por objetivo crear un sistema de alerta temprana para los países de la UE y en
el largo plazo, se convertiría en un protocolo común de comunicación
paneuropeo.
Se trata de un sistema completo y eficaz de alerta temprana
centrada en las personas y consta de cuatro elementos interrelacionados: el
riesgo de conocimientos, la vigilancia y servicio de alerta, la difusión y
comunicación, y la capacidad de respuesta. En
este contexto, el proyecto Alert4All centra en el elemento tercero, la difusión
y la comunicación, y tiene como objetivo “mejorar la eficacia de la vigilancia
y la comunicación a la población en crisis con énfasis en una perspectiva
paneuropea”. (7)
Para lograr este objetivo, Alert4All desarrolla un marco de
alerta amplia e interdisciplinaria que integra las herramientas claves para
lograr mejoras significativas en términos de penetración así como el impacto
real de las estrategias de alerta. Con este fin, el proyecto investiga cinco
grandes áreas de investigación: autoridades
y operaciones de respondedores (basándose en la capacitación de los
tomadores de decisiones); el
comportamiento humano (buscando comprender las reacciones desde el punto de
vista sociológico de las poblaciones afectadas); el papel de los nuevos medios
de comunicación social (monitoreando los niveles de percepción frente a
situaciones de emergencias tanto en los medios tradicionales de difusión masiva
como los electrónico incluyendo a las redes sociales); gestión
de la información, con la incorporación de un website o portal de consulta
común y las
tecnologías de comunicaciones.
Llama la atención de la autora, que en el
área de investigación relativa a la gestión de la
información y el intercambio a través de Alert4All, aún y cuando los sistemas
de gestión de emergencias son diferentes en cada país de Europa, e incluso
regiones, se propone que exista un portal capaz
de integrarlos a través del acceso compartido y la construcción de una imagen
operacional y visión común de una determinada crisis.
Hoy día en la UE la comunicación que se utiliza incluye TV,
radio, periódicos, Internet, y servicios de comunicaciones móviles, tales como
la notificación automática y los servicios de mensajes cortos (SMS). Pero
éstos están siendo enriquecidos con tecnologías basadas
en Cell Broadcast y soluciones satelitales, así como con el uso de los nuevos
medios sociales como Facebook y Twitter. En este caso según la propuesta, Alert4All extendería el concepto de multi-canal de alerta
mediante la adición de tecnologías basadas en satélites (incluidos los
servicios de datos de navegación) para llenar el vacío en las zonas remotas y
proporcionar resistencia durante las grandes catástrofes donde existan daños en
las comunicaciones terrestres.
En otro orden de ideas, en la UE existe una asociación interdisciplinaria
que fue creada en el año 1999 con sede en Bruselas llamada European Emergency
Number Association (EENA) que respalda si se quiere, al sistema nacional de información
de emergencias de los países de la comunidad, y que dicho sea de paso, no
escapa de los retos educativos para la sensibilización y conocimiento público
de sus operaciones frente a los ciudadanos.
El EENA tiene por objetivo promover los servicios de
emergencias a través del número telefónico 112. En principio, el Consejo
Europeo lanzó el #112 (año 1991) para beneficio en especial de los viajeros que
circulaban por la UE, pero no fue sino hasta varios años después, que los
ciudadanos ya podían marcarlo desde cualquier país en territorio europeo,
gracias a la adopción de los principios de gratuidad (en teléfonos fijos y
móviles, también en teléfonos públicos) no discriminación, localización de
llamada y sensibilización. (8) De hecho el 5 de julio del año 2011 por
Resolución del Parlamento, se declara el #112 como un “servicio universal” y se
determina el inicio de nuevas iniciativas para mejorar las campañas de
conciencia ciudadana y difundir sus bondades.
Para reforzar este servicio (dado que en el 2008 se
determina que 3 de cada 4 ciudadanos no conocen el #112 en la UE y se convierte
en objeto de bromas y llamadas falsas), se crea una modalidad E-CALL (en caso
de accidentes graves automovilísticos) también se proponen una serie de
iniciativas para avivar la campaña mediática. Más delante de hecho, como
mecanismo de control, se refuerzan las clasificaciones de las llamadas (para
evitar las llamadas confusas o de falsa alarma) y la recolección de datos (con
localización del que llama y su historial)
En indagatorias con el periodista y especialista en
comunicación de crisis madrileño @LuisSerranoR, quien es también vocero del
Servicio 112 en España, fue informado que en el caso de su país, “hay 17 comunidades
autónomas y dos ciudades autónomas, en todas ellas funciona el #112 pero con
modelos algo distintos”. Según relata, la media de conocimiento en España por
parte de la ciudadanía es del 65% y en comunidades como Madrid es de más del
90%; por tanto considera que España, es uno de los países de la UE donde mejor
está implementado y muchas comunidades autónomas afirma, se han convertido en
centros de coordinación de emergencias.
Con relación a la información que se brinda a los viajeros
sobre el servicio 112, dice que se intenta que los visitantes sepan que, en
caso de emergencia, deben llamar a este número. Por el momento, “los Centros
112 están gestionados de buena forma, y pese a la crisis, es una de las áreas que
menos recortes ha sufrido”, señaló.
Sobre este tema en particular, cabe destacar que en la
República Dominicana se intentó instaurar el Sistema Nacional de Asistencia de
Emergencias y Seguridad 9-1-1 a partir del año 2005 como uno de los componentes
del Plan Nacional de Seguridad Democrática bajo la coordinación del Ministerio
de Interior y Policía, con la idea de que funcionaría con éxito el marcado al
#911 tal como ocurrió en Colombia. Sin embargo, resultó que “de casi 2 millones
de llamadas, sólo un 1.43 por ciento eran de reportes de emergencias reales, y
el 98,57% eran llamadas molestosas”. (9) En aquel entonces, también perimió una
propuesta elevada al Congreso Nacional en la que se pretendió cobrar Veinte
pesos (RD$20) por minuto de llamada a las compañías de telecomunicaciones
locales.
En cambio en Europa, existen los llamados PSAP (Public
Safety Answering Point) o grupo de los PSAP y que varían su modelo, según el
país donde funcionan. Se trata del personal que atiende las llamadas
telefónicas, pudiendo ser éstos: policías, bomberos, médicos, o la combinación
de dos o de todos, pero al final, de lo que se encarga es de canalizar la ayuda
remitiendo la llamada a la institución correspondiente.
Aunque se han levantado voces que señalan el costo operativo
para mantener el #911 es superior a los resultados esperados por este servicio
de atención de emergencias, hay quienes defienden que existen mecanismos de
control y evaluación lo suficientemente claros para la medición de desempeños,
rendimientos, perfiles y horas de trabajo de los operadores; además alientan el
uso de modernas tecnologías, que permiten cada vez una mejor exactitud
geográfica de las personas que llaman y por consiguiente, este conocimiento garantiza
intervenciones oportunas, la verificación genuina de las llamadas y el aumento
de las probabilidades de supervivencia de quien (o quienes) ha(n) sufrido
alguna lesión.
Así que retomando el papel del EENA, para la vigencia y el reforzamiento
mediático del uso del #112, se constató en revisión documental, que hubo la
firma de un convenio tripartito (Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión
Europea y la Comisión Europea) para establecer el "Día Europeo del
112" como el 11 de Febrero de cada año. Ese día, se celebra con júbilo y
se realizan las promociones publicitarias de lugar por parte de las
instituciones públicas y privadas involucradas con la campaña.
Otra de las acciones realizadas en este mismo tenor, tiene
que ver con la creación de programas de orientación en las escuelas, que
involucran a profesores y estudiantes en charlas, seminarios, concursos, etc. Así
los niños desde temprana edad, son conscientes de este servicio y de la
importancia de ser protagonistas en la gestión de riesgos. Otro ejemplo es la creación del “El Embajador 112”, que consiste
en la elección de una figura pública, destacada y de méritos en la sociedad,
que impulsa este servicio de emergencias a través de los diferentes medios.
Existe un componente relativo a la motivación ciudadana a
través de la organización de premios que se otorgan a la ciudadanía con
diferentes concursos en diversas áreas, pero todos orientados a promover el
número de servicio de emergencias. Otra propuesta que tiene ver con esto, es la
relativa a convenios de colaboración hechos con medios estatales de información
para anunciar el #112 en cuñas de radio y televisión.
Con la rúbrica de estos acuerdos los medios “deberían”
regular tanto los spots publicitarios como las noticias que se emiten para
crear una “sensación de seguridad”. También están contemplados convenios con
puertos y aeropuertos para difundir mensajes de orientación a los viajeros en
las diferentes vallas y espacios publicitarios; la impresión alusiva en las
tarjetas digitales, passboards, boletos, etc. Además cuando hay eventos
multitudinarios como los Juegos Olímpicos, el número se promueve en oficinas de
información turísticas, lugares de recreación, habitaciones de huéspedes, webs
de registros, campañas telefónicas.
En fin, existen esfuerzos coordinados entre los diferentes
países de la Unión para garantizar el objetivo común de la seguridad de los
ciudadanos y salvaguardarlos de cualquier amenaza o asistirles en cualquier
situación de emergencias. De acuerdo a
lo explicado en clases, este proceso de cohesión de la UE no ha sido nada
sencillo, tampoco posible en el inmediato plazo y de allí precisamente su sello
original y el reconocimiento por parte de la comunidad mundial que le
identifica como un único modelo económico que ha logrado alcanzar en un clima
de paz y significativos avances de desarrollo.
Quien suscribe entiende que el respeto y el principio de
confianza mutua para ir detrás de un objetivo cuando dos o más se ponen de
acuerdo en cualquier asunto, tienen probabilidades mínimas de fracasar, porque
ya los elementos más importantes están presentes, más aún cuando la carrera
tiene su fin en la paz.
República Dominicana al igual que los países de la Unión
Europea, después de muchas conquistas en defensa de su soberanía y modelos
económicos adoptados, tendrían más que identificados sus objetivos nacionales
no sólo en los papeles y en leyes interpretativas, sino también en el sentir de
sus ciudadanos. Pero el gran reto que se aprecia, tiene que ver con una cultura
de promoción y de comunicación a las actuales y venideras generaciones que
según se vislumbra, tendrán cada vez mayor acceso a las tecnologías de la
información, no significado esto, que tendrán la suficiente sensibilidad y
conocimiento de la evolución de sus sociedades, así como de las latentes
amenazas a la supervivencia de sus especies.
Por eso la importancia de ir adecuando en el tiempo, las
campañas educativas y las regulaciones legislativas para asegurar que los
medios de comunicación institucionales o privados, también de sus actores, tengan
un mayor compromiso en la difusión de cualquier estrategia que se planifique
desde las políticas públicas para ayudar en situaciones de emergencias y
desastres.
Entonces así quizás, las mencionadas trabas para la adecuada
socialización de la información así como para el correcto manejo de las alertas
tempranas y estrategias de comunicación del riesgo, dejarán de ser una
preocupación y quedarían superadas.
Ceinett Sánchez
www.facebook.com/Ceinett
PHONE: (1829) 7252525
ceinett@yahoo.com
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1) Mandato Servicio de Ayuda
Humanitaria de la Comunidad Europea ECHO.
2) Ley 1-12 Estrategia Nacional de
desarrollo 2030. Santo Domingo, República Dominicana 2012.
3) Informe Análisis Riesgos de
Desastres y vulnerabilidades en la República Dominicana DIPECHO. 2009
4) Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos
y su Reglamento en la República Dominicana. 2002.
5) Mecanismo de Cooperación para la
Protección Civil. http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28003_es.htm
6) CHORIST. Proyectos de la Comisión
Europea de Intercambio de la Información para el Desarrollo y la Protección
Civil. http://www.chorist.eu/
9) Emergencias 911. Diario Libre http://www.diariolibre.com/destacada/2013/08/15/i397844_lucha-del-presidente-medina-contra-inseguridad.html
10) Public safety answering
point.
http://en.wikipedia.org/wiki/Public-safety_answering_point