Tipificar
las amenazas a la seguridad de la República Dominicana no es una tarea sencilla,
tomando en cuenta que sus ciudadanos viven en un tejido social dinámico,
complejo, volátil y variable. Pero sin dudas en un país cuya economía depende
en gran medida del sector turismo (recibe unos 4 millones de turistas al año y
es el destino más visitado del Caribe), la delincuencia que atenta contra la
tranquilidad de turistas, extranjeros residentes en el país y del ciudadano
común, es uno de los peligros más comentados y por la cual, sus autoridades de
gobierno reciben mayores críticas desde la opinión pública.
A
pesar de los alegados intentos de los actuales y pasados responsables de garantizar
la seguridad a los dominicanos a través de planes integrales que motiven la
promoción de la cultura y el deporte, como mecanismo de desarrollo del capital
social, estas iniciativas han mermado en el tiempo por una supuesta lucha de
protagonismo entre los líderes gubernamentales, la descontinuación de programas
educativos medulares y el seguimiento o proceso de controles de las tareas.
En
suma, la carencia de un plan estratégico integral, en el que los agentes de la
Policía y de las Fuerzas Armadas sean bien remunerados por sus trabajos y gocen
de dignas compensaciones sociales, en el que además de tener acceso a
sofisticados equipos de radio comunicaciones, redes informáticas y transportes,
sepan cómo utilizarlos y en el que líderes que emerjan desde las comunidades puedan
integrarse a la labor de supervisión y fiscalización de estos mismos policías y
militares, como parte de la tarea de seguimiento y continuidad de los planes de
seguridad, sigue siendo un ideal deseado sin alcanzar.
Con
sólo “googlear” algunos artículos de prensa sobre la situación de la seguridad
en la República Dominicana en los últimos meses, es posible apreciar que existe
una percepción ciudadana de rechazo generalizada frente a la delincuencia y que
evidencia un estado de zozobra del ciudadano común. Los medios de comunicación
refuerzan este estado de miedo, con estadísticas rojas en los titulares que dan
cuenta de un sinnúmero de atracos a mano armada y de homicidios, como
consecuencia de conflictos entre bandas y derivados del crimen organizado.
Recientemente
el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rafai,
pidió al gobierno dominicano incrementar la seguridad a los viajeros y mejorar
la preservación del patrimonio cultural para impulsar su sector turístico.
Aunque dijo que “República Dominicana destaca por ser el destino más visitado
del Caribe”, insistió en que se requiere mayor cooperación entre el sector
público y el privado para hacer que la industria turística sea sostenible. (1)
A propósito,
el presidente dominicano Danilo Medina aseguró este 27 de febrero 2014 en su
rendición de cuentas a la nación, que trabajaría en nuevos proyectos turísticos
y la construcción de infraestructura vial suficiente como para garantizar la
visita de 10 millones de turistas en un periodo máximo de 10 años; es decir,
uno por cada habitante en el país siguiendo el ejemplo de España ó Puerto Rico.(2)
Pero
como dicen voces disidentes, los conflictos nacionales se resuelven con trabajo
en equipo y la cohesión entre autoridades y ciudadanía. Algunos académicos
respetados por sus opiniones en el país, dicen que organismos como: la Policía
Nacional, Fuerzas Armadas y el Ministerio de Interior y Policía, no tienen un
real plan estratégico para combatir la delincuencia. Daniel Pou uno de los
profesores de la Maestría que cursa quien suscribe este ensayo, afirma por
ejemplo que la “Policía es un gobierno autónomo y tiene más incidencia que el
Ministro de Interior y policía, con quien nunca se reúne”. (3)
Al margen de estas opiniones, el presidente
en su discurso aseguró que ha habido un descenso en la cifra de víctimas
mortales del 33% en las áreas de mayor criminalidad del país y del 13% en el
promedio nacional. De modo que en comparación con el indicador
internacional, la cifra de homicidios por cada 100 mil habitantes, ubica al
país en 20 por cada 100 mil y que en enero, llegó a 17 homicidios.
Como complemento
de su discurso, el primer mandatario aseguró que el Sistema Nacional de
Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que entrará en funcionamiento este
próximo mes de mayo (y ya no el Noviembre del 2013 como se había ventilado) ayudará
a reducir la inseguridad ciudadana (¿si ayudará? –se pregunta quien suscribe)
Lo cierto es
que el presidente admite que no son pocos los que intentan comprar la seguridad
desde el sector privado, aún y cuando se plantea su gobierno la persecución y prevención
del delito. Intenta reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad con miles
de efectivos en las calles patrullando día y noche, dotándolos de nuevos
equipos, aumentando el incentivo salarial en un 30%, y apoyando un sistema
integrado de emergencias del que realmente muy pocos ciudadanos, cuidado y si
ninguno, tienen información.
Se continúa
cacareando la efectividad del “Programa Vivir Tranquilo” en sustitución del
pasado “Plan de Seguridad Democrática” que un principio dio resultados pero que
luego fracasó por la inconstancia en sus mecanismos de controles, evaluación y
también presupuestarios. Esta, sería la lectura del discurso…pero… ¿y que hay
sobre el crimen organizado? ¿Existirá alguna estrategia de gobierno que
maquilla este mal que se sabe existe pero del que se ocultan los alcances de
sus tentáculos?
Por citar un
ejemplo, al leer la prensa de este año es posible encontrar titulares como: “Dirección
Nacional de Control de Drogas y Ministerio Público ocupan más de un millón de pesos
y 60 mil dólares a un hombre en Puerto Plata”(4). Al menos una vez
al mes, se conoce públicamente sobre la ocupación de toneladas de cocaína en
puertos y aeropuertos, con la implicación de criminales nacionales y
extranjeros; volviéndose el consumo de estas noticias sobre expresa violencia, soborno y obstrucción de la
justicia, un “algo habitual”.
En el aula, previa a la
asignación de este informe a la autora y a sus compañeros de Maestría por parte
del profesor Raúl Benitez Manaut, experto en Crimen Organizado, discutíamos sobre
posibles soluciones a este mal extendido a nivel mundial. De modo que hubo un
paseo por consideraciones para acabar con él, tales como la posibilidad de
legalizar algunas drogas, reforzar los trabajos de inteligencia y tolerancia
ante algunos tráficos, permitir ciertas operaciones a los narcotraficantes
siempre y cuando no atentaran contra la población que sirven de mano de obra,
en fin, de manera abierta se hizo un ejercicio intelectual oral, contradictorio
en algunos casos, pero al final productivo.
Sin embargo, luego de coincidir
en que el crimen organizado y la delincuencia en definitiva son los principales
responsables de la “inseguridad” del estado dominicano” y de todos los países
de la región, es difícil dejar de pensar en el componente humano que los
alimenta: la descomposición social de sus individuos. Persiste una situación a
entender de la autora, que es grave y delicada, y tiene que ver con la
condición de “exclusión social y apátridas” en el país.
Hace
no mucho tiempo, se encendió un debate público en torno a la sentencia número TC/0168/13 del Tribunal
Constitucional Dominicano que despoja de su nacionalidad dominicana a Juliana
Deguis Pierre y con ella a los descendientes de inmigrantes haitianos en el
país. Sin duda, este caso tuvo una amplia
repercusión en las decisiones políticas nacionales y las preocupaciones de
algunos sectores en el ámbito internacional. La manifestación de espacios públicos, permitieron cuestionar las
garantías de seguridad que ofrece el estado dominicano en este tema y
cuestionado el respeto a la soberanía nacional, también de la sana convivencia
de los estados.
La autora
trae intencionalmente este caso a la memoria y su relación con este ensayo
sobre “las principales amenazas a la seguridad nacional” por la razón que ahora
se expone. Cuando se piensa en “apátridas” muchos entenderán que se trata
exclusivamente de los haitianos o extranjeros que no han regularizado su
condición legal mientras residen en el país. Pero resulta que “apátridas”
también son, aquellos dominicanos que desde su nacimiento, no tienen ningún
tipo de documentación, sustento familiar, formación escolar y religiosa formal,
y que posteriormente viven en un total limbo jurídico, social y económico,
considerándose estos, potenciales candidatos a envolverse en actividades
delincuenciales.
Tal y como
sostiene el pastor Roberto Lebrón en su libro “Exclusión social, eclesiástica y
de los apátridas” (5) el problema de los apátridas consiste en que “ya sintiéndose en un medio
hostil y discriminatorio que le niega toda posibilidad de sustentación, esto provoca
riesgos de ser propensos a la delincuencia, y sin competencia laboral, no
tienen forma de hacer valer sus derechos civiles y políticos ni les son
reconocidos su existencia legal y su dignidad, que son atributos que deben ser
reconocidos por igual a todo ser humano”.
Agrega que
“la violación de esos derechos inalienables a la condición humana a miles de
dominicanos (as) de origen, los ha colocado en la humillante condición de
apátridas y por ello no disfrutan de los derechos inherentes de la ciudadanía
dominicana y son propensos a la perpetuidad de la pobreza”.
Por
consiguiente la autora se cuestiona: ¿acaso si no existiera una sociedad
descompuesta de valores, educación, permanentes y prósperas fuentes de trabajo,
familias unidas, éticamente fuertes e instituciones estatales sólidas, el
negocio del crimen organizado ó el narcotráfico existirían? ¿Pudiera la
“inseguridad” de un estado sobrevivir como mal, en sociedades donde sus
habitantes no necesiten de trabajos ilícitos para poder “subsistir” y ganar lo
que no pueden a través de trabajos honestos?
Las
respuestas, pudieran ser ambiguas y contradictorias, al extremo quizás de
justificar la existencia de economías ciertamente sólidas, gracias al narcotráfico,
al crimen organizado y al lavado de capitales. Pero de nuevo ¿y el componente
humano donde queda? ¿Hacia dónde van las sociedades? Nadie puede predecirlo con
certeza, ni siquiera el más letrado de los expertos en estrategias de
seguridad, y extiende la autora con esta última afirmación, una nueva
invitación a la reflexión sobre qué amenaza a la seguridad es que se estudia…
¿si la de un estado ó la de individuos que a estas alturas desconocen su rol
protónico en la garantía de la seguridad de sus propias sociedades? ¿acaso no
somos todos responsables en gran medida de la extensión de una cultura de
prevención?
ENSAYO "Crimen organizado
y blanqueo de capitales”
Profesor: Doctor Raúl B. Manaut
AMENAZAS A LA SEGURIDAD DEL ESTADO DOMINICANO
Máster
Gestión Seguridad, Crisis y Emergencias
Instituto Ortega y Gaseet de Madrid, España
IGLOBAL - Centro de Estudios de Seguridad y Defensa
Referencias bibliográficas.
|
(1) Redacción periódico El Nuevo Diario. “OMT
destaca avances en seguridad turística de RD y desarrollo del turismo”. 21/2/2014,
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=364284.
|
(2) Redacción Noticias SIN. “Discurso íntegro del presidente Danilo Medina”. 27/02/2014. http://www.noticiassin.com/2014/02/discurso-integro-del-presidente-danilo-medina/
(3)
Redacción Periódico El Caribe. “Pou:
Mienten a Danilo Medina sobre Seguridad Ciudadana”. 22/1/ 2014. http://www.elcaribe.com.do/2014/01/22/pou-mienten-danilo-medina-sobre-seguridad-ciudadana
(4)
Redacción periódico Listín Diario. “DNCD y MP ocupan un millón 11 mil pesos y
más de 60 mil dólares a un hombre en Puerto Plata”. 27/02/2014
(5)
Rev. Dr. Lebrón Contreras, Roberto. “Exclusión Social, eclesiástica y de los
apátridas”. Editorial Valdez, Abril 2013.
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